BATON ROUGE, Luisiana (AP) – El gobernador John Bel Edwards presentó una demanda el lunes desafiando los esfuerzos de los republicanos de la Cámara de Representantes para rescindir el mandato de máscara estatal de Luisiana, las restricciones comerciales y otros límites que el gobernador demócrata promulgó para combatir el coronavirus, manteniendo las reglas en un una especie de limbo legal.
Los republicanos de la Cámara, respaldados por el fiscal general Jeff Landry, dicen que han anulado toda la emergencia de salud pública y las restricciones que Edwards promulgó a través de esa proclamación de emergencia. Pero la administración de Edwards continúa haciendo cumplir las reglas, argumentando que la ley utilizada por los legisladores republicanos para revocar sus órdenes de emergencia es inconstitucional.
En medio de la incertidumbre generalizada sobre las pautas que deben seguir las empresas, las iglesias, las escuelas y los residentes, Edwards solicitó a un tribunal que declare que sus reglas de emergencia permanecen intactas y se pueden hacer cumplir.
“Tan pronto como empiezas a tener éxito por la forma en que estás manejando la emergencia, no es el momento adecuado para descartar las herramientas que te permitan tener ese éxito”, dijo el gobernador. “Es un pensamiento equivocado de algunos miembros de la Cámara”.
Un proceso nunca antes utilizado en la ley de Luisiana permite que la mayoría de los legisladores de la Cámara de Representantes o del Senado firmen una petición para revocar la declaración de emergencia del gobernador, y todas las restricciones y reglas vinculadas a ella. El presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Clay Schexnayder, y otros 64 legisladores republicanos en la Cámara de 105 miembros firmaron dicha petición el viernes y se la entregaron a Edwards, prohibiendo al gobernador promulgar otra proclamación de emergencia por coronavirus durante siete días.
La ley exige que el gobernador que reciba tal petición ponga fin a la emergencia. Pero Edwards no ha rescindido su orden de emergencia, argumentando que no cree que la ley que permite a los legisladores de una sola cámara anular la declaración de emergencia de un gobernador sea constitucional.
En su demanda, Edwards argumenta que la ley de peticiones viola los poderes constitucionales y estatutarios de un gobernador para responder a emergencias. También dice que los legisladores republicanos no siguieron el requisito de la ley de consultar con la “autoridad de salud pública” del estado antes de emitir la petición.
Presentó la demanda contra la Legislatura en pleno, la Cámara y Schexnayder.
Y les dijo a los residentes y negocios en las redes sociales y en su conferencia de prensa vespertina que sus restricciones de la Fase 3 permanecen “en plena vigencia y efecto”.
La oficina del jefe de bomberos del estado, que ha sido encargada de hacer cumplir las reglas del gobernador sobre las empresas, dijo que continúa con su trabajo. Puede multar a las empresas y recomendarlas para la revocación de permisos por no seguir las reglas del coronavirus.
“No hemos recibido una directiva diferente de la oficina del gobernador, por lo que nuestras operaciones siguen siendo las mismas”, dijo la portavoz de la agencia Ashley Rodrigue.
Aún así, Landry, en un comunicado emitido durante el fin de semana y nuevamente en la radio conservadora el lunes, insistió en que las restricciones al coronavirus ya no existen, ya sea que Edwards siga las disposiciones de la ley para terminar su orden de emergencia o no.
“El proceso de terminación es efectivo de inmediato, a menos que se disponga lo contrario en la petición … La terminación de los poderes de emergencia no requiere ninguna acción adicional que no sea la petición firmada”, dijo Landry en su declaración.
Edwards arremetió contra los republicanos de la Cámara de Representantes que firmaron la petición, diciendo que ponían en riesgo los logros de Luisiana en la lucha contra dos picos separados de casos de virus.
Pero los legisladores que respaldaron el esfuerzo de la petición dijeron que el gobernador ha ignorado repetidamente sus solicitudes de más información y sus preocupaciones sobre ciertas restricciones. Dicen que sus reglas son demasiado duras siete meses después de que comenzara el brote del virus en Louisiana.
Edwards ha aflojado sus restricciones varias veces, señalando que sus reglas están en línea con la orientación del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca y son menos estrictas que las que existen en muchos otros estados.
Bajo las restricciones de Edwards, los restaurantes, iglesias, gimnasios y la mayoría de las otras empresas pueden operar al 75% de su capacidad. Los eventos deportivos como los juegos de fútbol americano de la escuela secundaria y la universidad tienen un límite de público del 25%. Pero los estadios de fútbol de las escuelas secundarias pueden aumentar la cantidad de público al 50% de su capacidad en parroquias donde el 5% o menos de sus pruebas de coronavirus han dado positivo en las últimas dos semanas.
Siguen existiendo límites estrictos en los bares, lo que los limita a las ventas de comida para llevar y a domicilio únicamente, a menos que operen en un municipio que recientemente haya visto tasas bajas de positividad en las pruebas, y solo si los funcionarios locales están de acuerdo. Cuando se les permite abrir para beber en persona en el lugar, los bares están restringidos al 25% de sus límites de ocupación y servicio de mesa.
Al menos 5.648 habitantes de Luisiana han muerto a causa de la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus, según el departamento de salud del estado.
